En la antesala del discurso de Milei, el Gobierno renovó la protesta por Malvinas

La Cancillería argentina, conducida por Pablo Quirno, formalizó una protesta contra el Reino Unido por las decisiones anunciadas por las autoridades británicas en las Islas Malvinas en materia de explotación de hidrocarburos.
Por instrucción del canciller, el reclamo expresa el “enérgico rechazo” del Gobierno nacional a la pretendida extensión de licencias para la producción petrolera costa afuera y a la autorización para que la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera participaciones en la licencia identificada como PL001.
Quirno llevó la posición argentina al escenario internacional en coincidencia con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central dentro de la agenda diplomática del país.
Desde la cartera que encabeza el funcionario sostuvieron que cualquier actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales sobre la Plataforma Continental Argentina contradice el derecho internacional y vulnera los derechos soberanos nacionales.

Quirno reafirmó la posición argentina ante la ONU
La Cancillería recordó que estas acciones se contraponen con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976. Ese pronunciamiento insta a la Argentina y al Reino Unido a evitar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la resolución de la controversia.
El Gobierno también ratificó la vigencia de la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones bilaterales.
La posición expresada por Quirno sostiene que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas instaladas en las islas carecen de legitimidad y no generan derechos que puedan hacerse valer frente a la República Argentina.

Advertencia a empresas e inversores
El Gobierno anticipó que utilizará las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas y judiciales disponibles para impedir la explotación de recursos sin autorización argentina.
La advertencia alcanza a empresas, inversores, contratistas y demás actores que participen directa o indirectamente en estas operaciones. Según el comunicado, podrían enfrentar sanciones administrativas y acciones civiles o penales.
Finalmente, el canciller reiteró la disposición argentina a retomar un diálogo “constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.