La nueva presentación se realizó este miércoles pasadas las 8 en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein. Allí se presentó la presidenta de la ONG Entre Ríos sin corrupción, María Fabiana Cian. El nuevo trámite se suma a la denuncia formulada el viernes, que será analizada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada a reunión este jueves a las 11.La denuncia de Entre Ríos sin Corrupción se centra en “abusos del sistema de licencias”, el “abandono de funciones que perjudicó la función judicial”, la “alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes” cuando Medina fue presidenta el STJ, los aportes recibidos por parte de una entidad y una situación de “abuso de autoridad”. En el texto se marca que “el extraordinario número” de días de licencia tomadas por Medina constituye “una falta ética básica” y se muestran estadísticas que constatan los índices de demora en la tramitación de las causas en la Sala Laboral que integra la magistrada, reseñó Análisis.“Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, se remarca en el texto junto a datos que muestran el desempeño desde 2019 hasta octubre de este año.En la información se observa que en 2024, por ejemplo, el índice de morosidad llegó al 90 por ciento. También se incluye un cotejo con las otras salas del alto cuerpo. En 2025 la morosidad alcanza el 88 por ciento. Para los denunciantes, la conducta se encuadra en la causal de mal desempeño. Otro punto aborda la aceptación y gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que hasta esta semana presidió Medina, “entregadas por un justiciable y contratista del STJ”. La referencia es a una entidad bancaria que es agente financiero del Estado entrerriano y a fundaciones vinculadas. Los denunciantes acompañan imágenes de elementos de comunicación institucional de AMJA en los que puede observarse el logo de la entidad en cuestión. Y entienden que la recepción de esos aportes, de haber existido, constituye un conflicto de intereses e “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fuero en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”. Por último, se incluyó en la denuncia un hecho que para la ONG constituyó un abuso de autoridad, ocurrido cuando al momento de celebrarse una audiencia de una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, en junio de 2022, durante la presidencia de Medina, a representantes de Entre Ríos sin corrupción se les impidió el acceso a Tribunales.

Presentaron otro pedido de juicio político a la vocal del STJ, Susana Medina

La Corte Suprema desestimó un recurso de reposición de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro por la causa de la tragedia de Once, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del ex funcionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas, cuando se confirmó su responsabilidad como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En aquella resolución, del 11 de noviembre, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían declarado “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa, y dejaron firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua. Tras ese fallo, que derivó en la orden de detención por parte del Tribunal Oral Federal 4, la defensa de De Vido presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, al sostener que existía un “marcado error” y que la causa debía considerarse prescripta. Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto. De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del exministro pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre. Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. Según el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4.

La Corte rechazó un planteo de De Vido y quedó firme su condena por la tragedia de Once

A continuación, difundimos parte de la nómina correspondiente a profesionales de Concordia y de otras localidades que —según fuentes del ámbito jurídico local— mantienen actividad profesional frecuente en la región. Aquí, los abogados y abogadas que resultaron sorteados/as del padrón enviado por el Colegio de la Abogacía de la provincia: III)- VOCALES DE CÁMARAS DE CONCORDIA SOSA, CLAUDIA ELIZABETH LOPEZ, ALCIDES MARCELO OLIVERA, HECTOR JAVIER CENTURION, MARTIN EZEQUIEL VALSANGIACOMO, EDUARDO ROBERTO CANTALLOPS, GONZALO MARTIN ETCHEPARE, GASTON DANIEL DIAZ VELEZ, NATALIA CAROLINA ORLANDINI, PABLO BELTRAN QUIROZ, ESTEBAN ANTONIOVIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE CONCORDIA MOREIRA, ELIZABETH MARIA GERARDO, JORGE MARIANO MARTIN CAPRARULO, SANTIAGO FICK, BERNARDO GERMAN RAMON DI NARDO, MARIA JULIANA TABENI, MARIA LAURA ETCHEVERRY, LEANDRO GALLO, MARIA VICTORIA ANDRIOLI, JAURENA GISELA LLOPI, MARCELA JORGELINAI)- VOCALES DE CÁMARAS DE PARANÁ PEREIRA, RAMIRO JOSE HIPOLITO FRIZON, MARIO FABIAN SOSA, IVANA MAGALI BONETTI, CRISTINA GRACIELA MARTINEZ, ENRIQUE MARCIANO SCANDOLO, MARIA LAURA MOLINA, LEONARDO ENRIQUE FELIX GELLER, RAUL ANIBAL DAVID, NICOLAS ANDRES DUMON, STEFANIA LUZII)- VOCALES DE CÁMARAS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY OSTOLAZA, JOSE ESTEBAN RIOS, MARIA JOSE TORRESAN, FRANCISCO JOSE ALMEYRA, GASTON NICOLAS CHABEUF, ROMINA VALERIA MOSCATELLI, JUAN MARTIN DOMINGUEZ, HECTOR ANDRES DUTRIA, VIRGINIA ROSA FELIPUZZI, ALEJANDRO RENE PEREZ, FELIX PATRICIOV) VOCALES DE CÁMARA DE GUALEGUAYCHÚ PAULETTI, EDELMIRO TOMAS SELENE, MARIA JORGELINA IRUNGARAY, MARIELA CASTILLO, SEBASTIAN PINCILOTTI, NESTOR ESTEBAN PICCINI, CARLOS ARTURO MARTINEZ, LEONARDO MIGUEL ROBERTO VIOLLAZ, MARIANA CECILIA FARIÑA, SIOMARA MAILLEN PESCE, MARIANO DOMINGOVII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE C. DEL URUGUAY CURI, AGUSTIN BALDUNCIEL, CRISTIAN ALBERTO TOURON, CARLOS ARSENIO BARCOS, CARLA SABRINA MAXIT, ANA MARIA BELTRAMINI, GUSTAVO ALFREDO HAMN, JESICA VANESA DE BRABANDERE, MARIA BELEN C BONNIN, EMANUEL ALEJANDRO SCELZI, NESTOR ALBERTOX)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAYCHÚ CACERES, SERGIO LEONARDO GODOY, MARIELA ANDREA VIOLLAZ, MARIANA CECILIA GORLA, SEBASTIAN HUGO CARRAZZA, MARIA ANTONELLA FRIGO, MARIA EMILIA MIGUELES, MARTIN EXEQUIEL CHESINI, CLAUDIA MARIA VILCHE, MARIA DE LOS ANGELES LIEBRE, ALEJANDRA LORENAXII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE VILLAGUAY ZAPATA, ALEXIS PATRICIO MOLINA, ADRIANA SILVINA PRATTI, SILVANA FABIANA SALATE, ANA MARIA HOET, MARIA MAGDALENA MIOTTI, ARIEL ALEJANDRO COSSO, JUAN PABLO VERNAZ, EZEQUIEL FRANCISCO CARROZIO, MAIRA BELEN OJEDA, SAMUEL FELIPEXIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE NOGOYÁ LANZA, ANA PAULA CARDOSO HERLEIN, MACARENA BETIANA SCHIAVONI, LAUTARO JALIL, ROSARIO ROMAN SPENGLER, JORGE RAUL VIGNOLO, MARIA EUGENIA MERNES, EMILIANO AGUSTIN FERNANDEZ, ENRIQUE HUGO FORESTO, YANINA AQUINO, STELLA MARISXIV)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE VICTORIA LA BARBA, RICARDO LUIS BRASSESCO, FRANCO LEONEL AZPEITIA, JUAN JOSE TORRIGIANI, MARIA VERONICA FERRARI, YANINA MARICEL VALDAMARIN, SERGIO CARLOS GUILLERMO FERRARI, ROQUE RAMON ECCLESIA, ANA LIA CABRERA, EDUARDO DANIEL TEJEIRA, CEFERINO WALTER ALBERTOXVII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE COLÓN BRITOS, LIANA GISELE CUMBETO, MILTON EZEQUIEL CUBASSO, FRANCISCO AGUSTINO GANON, ALBERTO MARTIN DEGANO, ALEJANDRO OSCAR BRAVO, RODRIGO ROUGIER, NANCY GABRIELA GUIOT, MARIA CELESTE DANTAS DEL VALLE, SUSANA CANDIDA FOLLONIER, MARIA VERONICAXVIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ DE FEDERACIÓN DRI, EDILBERTO GERMAN CARISIMO, LUIS ALBERTO MUCHIUTTI, ARIADNA MARIA LUJAN SGÜERZO, VANESA YANINA MONZON, HUGO ARIEL DIAZ VIDAL, GABRIELA FERNANDA SILVESTRI, VERONICA VANESA SANTIAGO, CARLOS TABARE GAUNA, ELISEO ENRIQUE RODRIGUEZ, STELLA MARISXX)- JUZGADO DE INSTRUCCION Y JUZGADOS DE PAZ DE FELICIANO PEÑA, MARIA LAURA PELETTI MARISE, ADELA MENDOZA IMOBERDORFF, GABRIEL OSCAR HERMES BONNET, NIDIA ELIZABETH GARCIA, CLAUDIO FABIAN DIAZ, CRISTHIAN ROBERTO BALDINI, NICOLAS GALARZA, ZENONA ALICIA MUÑOZ, GEORGINA ROMERO, MARIA ELENAXXI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE CHAJARÍ FORNAY, FLAVIA CAROLINA FABRELLO, FERNANDO DANIEL MARY DALPRA, ROQUE JOSE TOLLER, GARCIA ANDREA DANIELA HERMOSA, MIGUEL ANGEL MARIA LABRIOLA, JUAN MANUEL ZAMPAR GUIÑAZU, LUCIANA EUGENIA DOUBELL, IGNACIO DIAZ, MARIA ALEJANDRA MAYDANA, JUAN SEBASTIAN XXII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE SAN SALVADOR THEA, GEORGINA STEFANIA VALES, ETEL MIRELLA LOPEZ, LUIS MARIA EPSTEIN, GABRIEL BERNARDO FERNANDEZ, GRACIELA ESTER MONZALVO, FRANCISCO RAUL TOURNOUR, CRISTIAN FABIAN ARLETTAZ, JUAN PABLO DE CASAS, EDUARDO EMILIO MALARIN, MARIA CELESTE DEL CARMEN El STJ en ejercicio de funciones de gobierno, atribuidas por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos (CP) en su art. 204 C.P, dio cumplimento a la establecido por la Ley y concretó la realización del sorteo público de quienes cumplían con los requisitos del artículo 149° de la (CP), actual 188° de la (CP). Sistema de sorteo simple Para realizar el sorteo, desde el área de Informática del STJ, se desarrolló en el año 2020 una aplicación capaz de ser ejecutada íntegramente con un navegador web. Dicha aplicación recibe como entrada un archivo csv con encabezados descriptivos y selecciona al azar una cantidad de registros configurable, sin reposición. El algoritmo de aleatorio se basa en la función Math.random, disponible en el motor de javascript del navegador web empleado y cuya semilla aleatoria no puede ser seleccionada ni reiniciada por el usuario. &nbsp;

El STJ realizó el sorteo público de conjueces para integrar la nueva lista provincial

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos resolvió el miércoles 3 por mayoría hacer lugar al recurso de impugnación extraordinaria de los defensores de José Allende, Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, y revocó íntegramente la sentencia de la Cámara de Casación Penal que en 2023 rechazó la prescripción de la causa por presuntas amenazas contra la ex ministra de Salud, Sonia Velázquez.El fallo ratificó la resolución de agosto de 2022 por la que el vocal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, que había confirmado el fallo del 13 de junio de 2022, del juez de Garantías, Mauricio Mayer, que declaró la prescripción y se sobreseyó al dirigente sindical. La causa comenzó en octubre de 2018 en un acto de campaña en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde Allende se acercó a Velázquez y le dijo: “¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo?”. A lo que ella respondió: “No tengo nada que arreglar con vos, José”.Con la resolución del STJ, Allende quedó definitivamente sobreseído por el delito de amenazas en contexto de violencia de género. No obstante, la querella buscará llevar el caso a la Corte Suprema.Los fundamentos por la prescripción El vocal Daniel Carubia votó a favor de Allende, posición que también adoptó su par, Miguel Ángel Giorgio. Carubia repasó los plazos de prescripción, cuestionó criterios de la Cámara de Casación, analizó los juicios abreviados fallidos y evaluó el rol de la perspectiva de género en el caso. Carubia explicó que el plazo de prescripción se calcula desde que Allende dejó de tener fueros legislativos y que la calificación del hecho estaba firme e incuestionable: “Cabe precisar que se halla fuera de toda discusión que el curso de la acción penal comenzó a correr desde la medianoche del día en que imputado dejó de tener fueros como legislador, cesando Allende en la función pública, lo que aconteció a partir del 10 de diciembre de 2019. Asimismo, no existe controversia en relación a que el Juez de Garantías, ante la falta de acuerdo de las partes y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 403 del Código Procesal Penal, unificó la calificación legal en la figura de amenazas simples que propuso la Fiscalía y que dicha resolución es irrecurrible”.Luego realizó una dura crítica a la Cámara de Casación por lo que consideró un criterio “ambiguo” respecto del principio de doble conforme: “Llegados a este punto, como ya se destacó en ocasión de resolver el recurso de queja por impugnación extraordinaria denegada, debo poner una vez más de resalto el evidente ambiguo criterio exhibido en este supuesto por la Sala I de la Cámara de Casación...”. A continuación introdujo el análisis sobre los juicios abreviados fallidos y si esos intentos tenían la capacidad de interrumpir la prescripción: “Precisado lo anterior, cabe analizar si, como lo pretende la acusación, el hecho de haberse presentado acuerdos de juicio abreviado que a la postre fueran rechazados, tiene la entidad interruptiva del curso de la prescripción...”. &nbsp; &nbsp;&nbsp;Para ello explicó el trámite del procedimiento abreviado y sus consecuencias: “Corresponde a ese fin recordar que nuestro procedimiento penal prevé entre sus normas rituales, el trámite que deberá darse a los acuerdos abreviados.... ‘Si la ratificación no se produjera devolverá la causa para la continuación de su trámite y ordenará la destrucción del incidente que contiene el acuerdo’.... Surge así con meridiana claridad que el fracaso del acuerdo acarrea como consecuencia que al mismo se lo considere inexistente...”. En otro tramo, según registró Análisis, Carubia cuestionó que la acusación invocara un contexto de género para sostener una pretensión punitiva más severa: “Por último, resulta oportuno efectuar algunas consideraciones en relación a la forzada y desmedida pretensión punitiva basada primordialmente en un contexto de género que -entiendo- aquí no se ha dado...” y añadió que “...se avizora como una pretensión acusatoria totalmente sesgada...”. El magistrado también remarcó que siempre estuvo vigente la calificación de amenazas simples —con prescripción de dos años— y que esa decisión debía regir para todo el proceso: “Aun temiendo ser redundante, he de destacar que el Ministerio Público Fiscal siempre sostuvo la calificación de amenazas simples”. Por último, ratificó la corrección de los fallos de Mayer y Grippo y sostuvo que Casación no demostró arbitrariedad. En agosto de 2022, el juez de juicio Alejandro Grippo había confirmado el sobreseimiento dictado por Mayer al entender que la acción penal estaba prescripta. La defensa sostenía ese planteo desde fines de 2019, mientras que la querella y el fiscal, Leandro Dato, pedía avanzar hacia el juicio y excluir del cómputo el tiempo insumido por dos intentos fallidos de juicio abreviado, en 2020 y 2021.

Se declaró la prescripción de la causa contra José Allende por presunta amenaza a Sonia Velázquez

El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con la impunidad”. El anteproyecto, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describe como “una tomada de pelo a toda la sociedad”.&nbsp; En este sentido, la iniciativa propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”. Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena.Endurecimiento, imprescriptibilidad, restricciones:&nbsp; Los puntos principales El anteproyecto propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto. Entre los casos más relevantes, el homicidio simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”. El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en “4 a 12 años de prisión”. El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.Imprescriptibilidad de delitos graves Una de las modificaciones más profundas es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”. No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca el texto. El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”. Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas. La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. “Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes.Ejecución de la pena y otras reformas Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio. El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”. &nbsp;

Mano dura y más restricciones: así será el nuevo Código Penal de Milei

En esa fecha, el servicio de Justicia será garantizado por magistrados/as, funcionarios/as y personal que atenderán los casos de urgencia. También funcionará la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800-444-6372. &nbsp;

Será inhábil judicial el 26 de diciembre

El Poder Judicial de Entre Ríos ha citado al youtuber a los Tribunales de Paraná para los días 15 y 16 de marzo de 2026. Prestofelippo comparecerá junto a su abogado defensor, Augusto Laferriere, ante el Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 6, Alejandro Grippo. En esta ocasión, la Fiscalía estará representada por Juan Francisco Ramírez Montrull. Este será el segundo juicio contra El Presto por este hecho. En mayo de 2024, el juez de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, lo había absuelto. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esta decisión ante la Cámara de Casación Penal, que compuesta por los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Gustavo Piementel, anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio. El Presto intentó revertir esta decisión ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero los jueces de la Sala Penal, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia, ratificaron el fallo de Casación y cerraron el paso a una posible apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso comenzó en mayo de 2020, cuando en pleno aislamiento por la pandemia, El Presto publicó un video en su canal de YouTube en el que sugirió a los trabajadores municipales de Paraná que “no vayan al Concejo, les recomiendo que vayan a la casa de Bahl y préndanle fuego, con él y la familia adentro”. Este llamado a la violencia fue denunciado penalmente por Bahl, quien en ese entonces era el intendente de Paraná y actualmente se desempeña como senador nacional. En un primer momento, el juez Brugo desestimó la acusación, alegando que no existía claridad en la instigación, ya que El Presto no había proporcionado la dirección exacta de la vivienda del exintendente. Además, se consideró que el youtuber simplemente había “aconsejado” el atentado y se había disculpado en el mismo video, diciendo: “Perdón por la vehemencia”. Sin embargo, los jueces de Casación no coincidieron con esta interpretación. En su fallo, señalaron que la eliminación física de un adversario no forma parte del juego democrático del país y es incompatible con el respeto a los derechos humanos. Según los magistrados, la absolución de El Presto se basó en una interpretación errónea del tipo penal, por lo que ordenaron un nuevo juicio, el cual ya tiene fecha confirmada.&nbsp;

Confirmada la fecha del segundo juicio contra El Presto por incitar a incendiar la casa de Bahl

La causa de los cuadernos volvió a poner en primer plano el departamento la ex presidenta Cristina Fernández ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en Recoleta, señalado por la Justicia como uno de los principales puntos de acopio del dinero recaudado a través del sistema de coimas atribuidas a ex funcionarios del kirchnerismo.De acuerdo a la acusación, el lujoso departamento del quinto piso funcionó durante años como escala intermedia para el almacenamiento de bolsos y valijas cargados con dólares provenientes de contratistas del Estado. Durante la instrucción del expediente, el fallecido juez Claudio Bonadio definió aNéstor y Cristina Kirchner como jefes de una asociación ilícita que recibía pagos ilegales destinados al Poder Ejecutivo y a colaboradores de máxima confianza. Parte de ese circuito, según la investigación, incluía repetidas entregas en Uruguay 1306, donde la entonces presidenta residió hasta el intento de homicidio en su contra en 2022.Para la Justicia, solo en ese domicilio se totalizaron 87 entregas por un total de 69,7 millones de dólares. Para arribar a esa conclusión hubo una reconstrucción, la cual se fundó, entre otros elementos, en las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta y quien dio cuenta de viajes nocturnos en los que trasladaba bolsos desde oficinas privadas hacia Recoleta. Otra de los puntos que señaló Centeno fue que, tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cambió el destino final de los bolsos: ya no era Uruguay 1306 sino la casa de Baratta en el barrio de Belgrano, desde donde el dinero volvía a circular hacia otros puntos, incluida la Quinta de Olivos. La primera confesión como arrepentido del ex chofer confirmó que ese departamento era un eslabón clave del sistema. Otros imputados colaboradores reforzaron esa versión. Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, declaró haber entregado allí bolsos de más de diez kilos tras reuniones con empresarios, y recordó haber visto unas veinte valijas repletas en el interior del departamento.El exfuncionario, también condenado por el ingreso de la valija con 800 mil dólares del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, afirmó que Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, recibía esos fondos y que el destino final solía ser Río Gallegos, donde según dijo en su declaración también como arrepentido, existían bóvedas adquiridas al Banco Hipotecario. Agrega Uberti que, en una de esas ocasiones, Muñoz bromeó con que abriría “un negocio de valijas” por la cantidad que acumulaba.El ex secretario de Obras Públicas José López también mencionó aquella propiedad. Indicó que en julio o agosto de 2007 se entregaron allí unos ocho millones de dólares vinculados a la recaudación por obras viales. El requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Carlos Stornelli sostiene que, tras la muerte de Néstor Kirchner, dejó de utilizarse el departamento para recibir los bolsos, pero el flujo de dinero continuó y mantuvo como destinataria final a Cristina Kirchner.El departamento de Recoleta ya era conocido por su vínculo con Lázaro Báez. En 2009, Austral Construcciones, firma que supo ser del empresario santacruceño, alquiló el piso por seis meses a través de la inmobiliaria de Máximo Kirchner, con pagos mensuales de poco más de 25 mil pesos.

Causa cuadernos: Juncal y Uruguay: el epicentro de los 87 bolsos que describió Oscar Centeno

El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó 13 ternas para cubrir cargos en juzgados y cámaras federales y dio curso a distintos expedientes, durante una sesión encabezada por su presidente, Horacio Rosatti, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. Las ternas aprobadas corresponden a los concursos 356, 360, 378, 451 y 485, que incluyen cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, el Juzgado Federal de Clorinda, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en diversas salas.El Plenario también resolvió por unanimidad el pase a la Comisión de Acusación del Dictamen Nº 142/2025, vinculado a la conducta del juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Asimismo, se aprobó el pase a la Comisión de Acusación del expediente Nº 165/2024 y acumulados, referido a la actuación del magistrado Alejandro Patricio Maraniello, del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Capital Federal. Entre las decisiones adoptadas, se desestimó la denuncia presentada contra Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.Por otra parte, el Plenario aprobó por 10 votos contra 9 la apertura de actuaciones sumarias a la agente María Inés Brenna, en el marco del Expediente 16-05598/24, caratulado “Informe Inasistencias”, y sus agregados 16-07350/24 y 16-07685/24. A favor votaron Amerio, Barroetaveña, De la Torre, Díaz Cordero, Juez, Maques, Provitola, Reyes, Vázquez y Tamarit; mientras que Lugones, Galderisi, González, Grau, Pilatti, Recalde, Siley, Tailhade y Vischi lo hicieron en contra.

El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó 13 ternas para cubrir cargos

“Prometo de entrada nomás, ser breve y preciso, puesto que todo lo mejor que había que argumentar para arropar la declaración de inconstitucionalidad del art. 2° de la Ley provincial 11222 en casos concretos, ya se dijo en estos dos fallos ejemplares, salvo una cosa que, según mi visión y perspectiva jurídicas, reviste vital y superlativa importancia: el principio/garantía convencional de la progresividad de los derechos. Veamos qué significa ello, pero antes de ingresar a ese punto, referiré los aspectos más destacados que revistieron dos fallos facturados en los últimos días, donde la declaración ex oficio de inconstitucionalidad se apontocó en otras motivaciones, acertadísimas, por cierto, generando esperanzas, muy razonables y lógicas, de que esa reforma claramente antijuradista del actual gobierno provincial, tendrá una existencia efímera, o para decirlo de modo más coloquial y asequible, “tiene los días contados”, dada su carencia absoluta de motivos verdaderos, plausibles y de oportunidad. Revisemos sendos fallos, pertenecientes a los Jueces María Carolina Castagno y Alejandro Joel Cánepa. Ambas resoluciones, en lo sustancial y en lo que aquí nos interesa, sostienen la inconstitucionalidad del art. 2° de la nueva ley 11222 a partir de un planteo declinatorio de competencia efectuado desde el MPF (cada uno de los o las fiscales actuantes) a partir de precisas instrucciones impartidas a sus subalternos por el Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Amilcar Luciano García quien, dicho sea de paso, es un acérrimo (y explícito) enemigo del juicio por jurados, desde su posición ranciamente elitista del derecho y contrario a empoderar a la ciudadanía en el rol de jueces de los hechos en los supuestos delitos que se le achacan a ciudadanos y ciudadanas. “Das ist seine Sache” (allá él). Así, tenemos que en los casos que giran como: “B.G.A. S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y POR SER ENCARGADO DE LA GUARDA” (Legajo OGA N° 20216), que tuvo como jueza a la Vocal de Juicio y Apelaciones N°1, María Carolina Castagno y los autos: “M.S.E. Y OTRO S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO” (Legajo OGA N° 4469), en el que intervino el Vocal de Juicio y Apelaciones N°3, Alejandro Joel Cánepa, se coincidió, acertada y atinadamente, en los siguientes aspectos que seguidamente individualizaré:En los dos casos, la fiscalía propició que las causas tramitaran por juicios comunes con jueces técnicos, toda vez que- según ellos- la audiencia del art. 25° de la Ley de Juicio por Jurados N°10.746 no se había celebrado, o sea: la nueva ley 11.222 modificatoria de la 10.746 se había dictado antes de la celebración de los actos procesales previstos por el art. 25° de la ley reformada, es decir, el sorteo de los potenciales jurados y la audiencia de admisibilidad de evidencias. Ambos magistrados, cada uno en su caso y a su turno, con innegable y encomiable acierto rechazaron la postulación del MPF (a partir de las instrucciones dadas por el Procurador General), entendiendo que ya estaba cumplida, con la ley anterior, la audiencia de remisión a juicio del art. 405° del ordenamiento procesal penal, donde la causa finalizó la etapa intermedia y, por el tipo de delitos enrostrados (penas de 20 o más años según el artículo 2° de la ley 10.746), ya se había sorteado el juez técnico que dirigiría el futuro juicio por jurados de la causa, con lo cual, la competencia era, sin lugar a la menor duda y por el principio de preclusión, la del juicio por jurados, aunque aún no se hayan celebrado los actos propios y específicos del artículo 25° ya referenciados. Entendieron, dando sólidos, sesudos e inmejorables argumentos (plena validez de los actos procesales legítimamente cumplidos bajo el influjo de una norma anterior), citando -como hizo el juez Cánepa- los antecedentes del Stjer “Castillo-Saucedo” y posteriormente “Cichero”, ratificando la doctrina jurisprudencial local que sostiene que es la audiencia de remisión a juicio (art. 405° del CPPER) el mojón que divide si la causa debe ser debatida ante un jurado popular o ante un tribunal técnico. Para ser más claro todavía, la pretensión exorbitante y errada del MPF, extraviado por arcanos andariveles de la sinrazón jurídica, interesaba la declaración de incompetencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones y del Jurado Popular para el juzgamiento del caso, debiéndose remitir al Juzgado de Garantías a los fines de completar la audiencia de remisión a juicio.Los fiscales entendieron o transmitieron el entendimiento del Sheriff Mayor, de que como la nueva ley 11.222 entró inmediatamente en vigencia y por tanto la competencia material del Jurado Popular es para delitos en que el monto de la pena en abstracto sea superior o mayor a los 20 años, no cabía en ambos casos que los mismos sean juzgados por jurados populares, debiéndoselos enjuiciar por tribunales técnicos. Ese es en definitiva el busilis o meollo de las cuestiones en crisis: si rige con ultractividad el art.2° de la ley 10.746 o el mismo artículo de la nueva ley 11.222.Claramente los magistrados intervinientes en los casos mencionados, sufragaron en sus fallos, motivadamente, que por cómo se habían sucedido los pasos procesales en el tiempo, tenía vigencia ultractiva el artículo 2° de la Ley 10.746, con lo cual el juzgamiento de los imputados sería hecho por jurados populares, habiendo, además, decretado en sus sentencias, la inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley 11.222, de lo que daremos cuenta en los parágrafos subsiguientes.Otros de los motivos que los Jueces Castagno y Cánepa tuvieron para rechazar el planteo del MPF y declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del Art. 2° de la ley 11222, son los que a continuación expongo:Además de la remisión de la causa a juicio por Jurado, también ya se había sorteado el juez técnico que intervendría en el debate del juicio con jurados populares, actos procesales que marcan de modo diáfano e incontrovertible que, si sendos actos fueron cumplidos durante la vigencia de la ley 10.746, antes de las reformas introducidas al art. 2° por la ley 11.222, el juicio ha de sustanciarse ante un jurado popular.También, estando ya todo dispuesto como para completar los pasos que impone el art. 25° de la ley 10.746, se asegura el cumplimiento de la garantía que asegura la pronta terminación del juicio que exige una buena administración de justicia, evitando retrotraer el juicio a etapas ya concluidas, en claro desmedro de los fines del proceso penal, habida cuenta de que ello afectaría alevemente la defensa del imputado, en tanto y en cuanto el defensor, sabiendo que debería enfrentar un juicio por jurados, trazó una determinada defensa (teoría del caso), ofreciendo determinadas evidencias en su apoyo; en síntesis, ello atentaría fortísimamente contra la seguridad jurídica y una eficaz y rápida administración de justicia, a través de los cuales se contemplan, sin mengua ninguna, los derechos tanto del imputado como de la víctima.En apretada síntesis, la inconstitucionalidad es el remedio que en ambos casos se impone con el superior objetivo, desde ya, de garantizar plenamente la vigencia de la Constitución Provincial, especial y explícitamente, la tutela judicial efectiva, inviolabilidad de la defensa en juicio y resolución de los casos en tiempo o plazo razonables (Art. 65° C.P.)El principio de progresividad, que no fue abordado en ninguno de los casos aludidos, es la garantía de los derechos que establece que los Estados deben avanzar gradualmente hacia la plena realización de los derechos humanos, sin retroceder o disminuir la protección que ya se ha logrado. Esto significa que los derechos deben ser cada vez mayores, tanto en su alcance como en su eficacia, y no pueden ser eliminados o reducidos sin una justificación muy sólida. Es decir, y a mayor abundamiento, que el principio de progresividad es un principio interpretativo que establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan gradualmente. &nbsp;Tal cual lo informan sólidas fuentes doctrinarias del derecho constitucional y del derecho internacional de los DDHH con unánimes consensos, las características esenciales de este principio/garantía, son las siguientes:Avance constante: Los gobiernos deben buscar continuamente mejorar las condiciones para que los derechos se cumplan de la manera más plena posible, de acuerdo con los recursos disponibles. Ello trasunta, no sólo avances progresivos en las legislaciones, sino que ello es la resultante inexorable de conquistas sociales, algunas de las cuales costaron décadas o siglos de intensas luchas, en el plano intelectual, político, muchas veces físico y simbólico por alcanzarlos.Prohibición de regresividad: Es una garantía de no regresión, lo que impide tomar medidas que eliminen o reduzcan los derechos ya reconocidos. La cuestión funciona del siguiente modo: pueden adquirirse cada vez más y mejores derechos, pero una vez logrados y adquiridos, no se pueden eliminar o reducir, estando prohibido retroceder en esos términos.Obligación de progreso: Los Estados están obligados a organizar su aparato gubernamental y sus políticas para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La dinámica, la tendencia, es hacia la conquista de mayores derechos, es avanzar, no retroceder o involucionar.Protección de derechos económicos, sociales y culturales: Este principio es fundamental para garantizar derechos como la educación, la salud y el trabajo, obligando a que la protección laboral, por ejemplo, siempre sea la norma más favorable para el trabajador.Aplicación en otros ámbitos: Aunque es un principio fundamental en derechos humanos, también se aplica en otras áreas como el derecho procesal, donde impide que un proceso retroceda a etapas ya superadas, protegiendo la seguridad jurídica.No es absoluto: Si bien la regresión está prohibida, existen situaciones excepcionales en las que se pueden justificar medidas regresivas, pero deben pasar por un escrutinio estricto y el Estado debe demostrar que están debidamente justificadas.En Entre Ríos, lamento decirlo, pero es una realidad inocultable, estamos realmente cuesta abajo, retrocediendo impúdica y caprichosamente en cuatro patas, pues mientras en otras provincias argentinas se aumenta y extiende la competencia material del juicio por jurados a otros delitos, con menores penas en abstracto que los de las primigenias leyes, honrando acabadamente la manda constitucional que ordena que las causas criminales deberán terminar (ser juzgadas) por jurados populares, en nuestra provincia, se reduce la competencia exclusivamente a delitos cuyas penas en abstracto sean mayores a los veinte (20) años de prisión o reclusión, con lo cual, la mayoría de los delitos contra la integridad sexual han quedado afuera, lo que ha reducido a un muy pequeño grupo de delitos la competencia de los jurados populares en el juzgamientos de los mismos. Es decir, observamos un franco retroceso que colisiona de modo ostensible con el principio de progresividad.Pensar que hace un par de años, a poco de sancionarse la ley 10746 de juicio por jurados, nos ilusionábamos válida y humanamente con que a medida que pasara el tiempo y este sistema de enjuiciamiento en poder del pueblo soberano se fuera consolidando, la competencia material se iría ampliando, es decir, para expresarlo de modo llano y sencillo, serían cada vez más delitos los que se juzgarían por esta modalidad, la más democrática e independiente, por cierto. La escala del monto de las penas sería cada vez menor; o sea, cuantos menores fueran las penas que el código penal establece para los delitos, mayor, más abarcativa sería la competencia, con lo cual, a modo de ejemplo, iríamos camino al mismo objetivo que la Nación, donde se proyecta que serán juzgados por jurados populares, todos los delitos cuyas penas máximas en abstracto superen los cinco años.En esta desacertada y malhadada reforma del artículo 2° de la Ley 10.746 que reduce la competencia material de los jurados populares, confluyeron en una suerte de combo tóxico, la ignorancia de algunos gobernantes, a quienes los verdaderos enemigos ideológicos del juradismo clásico disfrazaron de obstáculos por falta de recursos generadores de demoras y así se lo vendieron; las propias de los enemigos del juicio por jurado y una plétora de abogados y abogadas que aun ignora muchas aristas de esta modalidad y por tal motivo, no hacen nada para impedir estos avances antijuradistas.Los juradistas convencidos de esta forma de administrar justicia, seguiremos dando batalla, sin claudicar ni en medio principio, de frente al pueblo, porque son ellos los potenciales protagonistas de esta herramienta maravillosa, que, en algunos países, lleva ya más de ocho (8) siglos, ininterrumpidamente. Tan equivocados no han de estar, mal que les pese a los sabiondos de la toga y a los que ven a esta práctica como una institución de la República y el Estado Constitucional de Derecho que les quita poder. Allá ellos”. &nbsp;

Cuestionan la reforma del juicio por jurados y advierten una “inconstitucionalidad incontrastable” en Entre Ríos

“La Justicia solo vio una parte del saqueo” El defensor, Roberto Herrera, sostuvo que aún no se logró dimensionar el alcance completo del entramado ilícito: “Lo que está documentado es solo una parte del saqueo sistemático. La cantidad de dinero que circulaba era enorme y no todos los actores están identificados”, señaló. Manzanares, que fue contador y hombre de confianza de la familia Kirchner en Santa Cruz, aportó detalles clave para el armado de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, imputada por presunta jefatura de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación al Estado. Su testimonio es considerado central para reconstruir la estructura que documentaron los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Las declaraciones del excontador también respondieron a las afirmaciones de la expresidenta, quien había sugerido que Manzanares fue “presionado” para convertirse en arrepentido, algo que él mismo negó rotundamente a través de su defensa.El mecanismo narrado por Manzanares Herrera brindó detalles sobre la operatoria que su cliente describió ante los tribunales. Según su testimonio, Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, realizaba viajes semanales a Río Gallegos con valijas repletas de dinero provenientes de supuestos pagos ilegales vinculados a la obra pública. “Manzanares lo esperaba en el aeropuerto y juntos trasladaban los bolsos hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. Muñoz ingresaba solo y, alrededor de una hora después, salía con un bolso destinado a Manzanares”, relató el abogado.El volumen de fondos involucrado era abultado. De acuerdo con la defensa, entre dos y tres millones de dólares por semana ingresaban al circuito financiero legal a través de operaciones realizadas por el propio Manzanares, considerando únicamente el flujo que manejaba Muñoz.

El abogado de Manzanares alertó por maniobras no investigadas en la causa Cuadernos

En su pronunciamiento, los magistrados entendieron que “deviene evidente que en el caso sujeto a análisis en modo alguno se encuentra suficientemente acreditada la existencia de una seria y fundada sospecha de ‘pérdida de objetividad’ suficiente para apartar a los fiscales recusados”. “En efecto, de la lectura del planteo recusatorio, se advierte, que los hechos invocados a la hora de fundar la alegada pérdida de objetividad de los fiscales recusados, se vinculan a la actuación funcional de los mismos en el marco del proceso de juicio abreviado al que decidió someterse el señor Smaldone. De ello se sigue, que les asiste razón a los fiscales recusados cuando afirman que del escrito recusatorio no surge hecho o causal que torne procedente su pedido de apartamiento”, describen. El voto del juez Grippo -al que adhirieron Cotorruelo y Castagno- &nbsp;planea: “Del análisis de los hechos fundantes del planteo recusatorio, fácil se advierte que se tratan de alegaciones abstractas e infundadas, meras suposiciones carentes de toda apoyatura en las pruebas producidas en el marco de esta incidencia; conjeturas que extrae el recusante, amén de su apreciación personal de la actuación funcional de los fiscales recusados en este proceso, no existiendo una razonable verificación de que el comportamiento evidenciado por los mismos pueda ser tachado de falto de objetividad”. Según consignó Entre Ríos Ahora, el planteo recusatorio de los integrantes del Ministerio Público Fiscal fue formulado por los abogados Juan Antonio Méndez y Candelario Pérez, defensores de Carlos Marcelo Haidar. El argumento es que los fiscales ya formaron parte del juicio abreviado en el que el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, &nbsp;en el que aceptó haber cobrado coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, proveedora del Estado entrerriano durante el urribarrismo. “Se da entonces la situación sobreviniente que los fiscales encargados de llevar adelante el juicio contra nuestro defendido son los mismos funcionarios que sostuvieron la acusación en el juicio abreviado, valoraron la prueba que el juez de sentencia admitió”, dice el escrito de los defensores. El tribunal que finalmente quedó conformado para llevar adelante el juicio de la megacausa de las Coimas –aún sin fecha- conformado por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno corrió vista del planteo a los fiscales Yedro y Badano “a fin de que produzcan el informe prescripto en la norma del art. 46 C.P.P, aplicable por remisión dispuesta en el art. 60 del mismo cuerpo normativo”. La recusación de los fiscales se apoya en el juicio abreviado al que accedió el exministro Smaldone. A principios de agosto último, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exministro de Trabajo del urribarrismo Guillermo Smaldone en el marco de la mecausa de las Coimas, que tiene pedido de condena a 10 años para el exgobernador Sergio Urribarri.El Ministerio Público Fiscal acordó con Smaldone, que como abogado ejerció su propia defensa, la aplicación de una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua, y como norma de conducta, y por el plazo de tres años, las siguientes medidas: a) Fijar y mantener domicilio en calle Libertad Nº 59 de la ciudad de Paraná el que no podrá variar sin previo aviso a la autoridad judicial. b) Prohibición de realizar actos molestos, violentos y perturbadores, por sí o por interpósita persona hacia los testigos del hecho. c) Realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público que designe la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial por plazo 96 horas anuales. Además, al estar plenamente acreditado que los hechos atribuidos fueron cometidos con ánimo de lucro se solicitará la imposición de pena de multa para el imputado por la suma de $90.000. El punto 9) del acuerdo de juicio abreviado tiene el siguiente título: “Confesión del imputado”, la aceptación por parte del exministro de Trabajo de haber cobrado coimas de parte Cardona Herreros y esa peculiaridad sella la suerte del resto de los imputados en la megacausa de las Coimas.

Causa coimas Urribarri-Cardona Herreros: rechazan la recusación y ratifican a los fiscales

La compensación ahora será más económica. “El importe a liquidar en concepto de remuneración a cada miembro del jurado será el equivalente en pesos que resulte de multiplicar el valor de tres JUS (conforme Ley N°9.005) -vigente a la fecha de finalización del juicio por la cantidad de días de trabajo desempeñado, incluyendo la Audiencia de Voir Dire”, dice la nueva reglamentación. Y agrega que si “por causales sobrevinientes o conocidas con posterioridad al inicio del juicio, alguno/s de los integrantes del jurado fuera/n desafectado/s (recusados, dispensados) de su función, el monto de su remuneración será proporcional a los días en que se hubiera desempeñado en la tarea, calculado de acuerdo a lo establecido en este inciso”. Respecto de la remuneración de los jurados, el nuevo texto legal plantea: “Las personas que sean designadas como integrantes de jurados titulares o suplentes serán remuneradas por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de JUS (conforme Ley Nº 9005) que determine el Superior Tribunal de Justicia mediante reglamentación, por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo la audiencia de voir dire. Ningún jurado podrá percibir menos de dos JUS por cada día de servicio”. Antes de la reforma, cada jurado popular cobraba por día de audiencia en un juicio por jurados el equivalente a dos juristas (la base de cálculo para los honorarios de los abogados), que a noviembre tiene un valor de 70.198,52 pesos. En cambio, el JUS está hoy en 23.000 pesos. El jueves 16 de octubre, el Poder Ejecutivo promulgó en el Boletín Oficial la Ley N° 11.222 que introdujo sensibles cambios en el sistema de juicios por jurados al modificar los artículos 2°, 46° y 96°. La modificación sustancial es que quedarán excluidos de los juicios por jurados los delitos cuya pena en expectativa sea menor a los 20 años. Así, la nueva redacción del artículo 2° de la Ley N° 10.746 de Juicios por Jurados dice: “Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados cuando al menos uno de ellos tenga prevista una pena máxima en abstracto de más de 20 años de prisión o reclusión”. El otro punto sensible es que “abarata” el costo de los juicios por jurados en el punto de la remuneración que percibe cada uno de los jurados populares seleccionados. Aunque deja en poder del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la fijación de esa remuneración, la nueva ley establece: “Ningún jurado podrá percibir menos de 2 JUS por cada día de servicio”. El Senado sancionó el 1° de octubre por amplia mayoría el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue acompañada por el voto de la mayoría el PJ, con la excepción del jefe de bloque, Martìn Oliva, que se abstuvo, y de la senadora Patricia Díaz, que rechazó la iniciativa. Con la presencia de 16 senadores en la sesión de este miércoles, hubo 14 votos afirmativos; 1 abstención (Martín Oliva); y 1 voto negativo (Patricia Díaz). La reforma alcanza los artículos 2º, 46 y 96 de la norma. Establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a 20 años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos. En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a 20 años de prisión o reclusión. La integración con jurados será obligatoria e irrenunciable. Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos, así como sobre la conservación del cargo de las personas designadas como integrantes titulares o suplentes.

Oficializan la baja de la remuneración a los jurados populares

El expresidente Alberto Fernández mantuvo una reunión privada con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido en el penal de Ezeiza, donde el exfuncionario cumple una condena de cuatro años por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. La visita generó sorpresa por el vínculo distante que ambos mantienen desde hace años y por los fuertes cuestionamientos públicos que De Vido vertió recientemente sobre el exmandatario. Fernández se presentó en la cárcel e intentó ingresar como abogado del exministro, a pedido del propio De Vido. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) comunicó al Tribunal Oral Federal Nº 4 que el expresidente estaba en la entrada del penal solicitando acceso como letrado, lo que motivó la intervención del juez Ricardo Basílico, responsable de la ejecución de la condena. El magistrado recordó que la defensa formal de De Vido está a cargo de Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y Alessandra Minnicelli, su esposa. Por lo tanto, rechazó el ingreso de Fernández en calidad de abogado y aclaró que solo podría entrar como un visitante común, cumpliendo los procedimientos habituales del SPF. Finalmente, la visita se concretó bajo esa modalidad y el encuentro se extendió durante aproximadamente una hora. Desde el entorno del exministro aseguraron que Fernández “solamente invocó su matrícula para agilizar el ingreso” y que su presencia respondió a un gesto de respaldo personal, en medio de las distintas causas penales que aún enfrenta.Un acercamiento&nbsp;inesperadoLa reunión llamó la atención por el deterioro público de la relación entre ambos. El 28 de febrero de 2024, De Vido había calificado a Fernández como “el peor presidente de la historia” y lo responsabilizó por el avance de Javier Milei, al afirmar que el actual mandatario era “su herencia política”. Ambos compartieron el gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Fernández era jefe de Gabinete y De Vido manejaba la cartera de Planificación. Aquella convivencia estuvo marcada por tensiones permanentes que solo se atenuaron cuando ambos, por distintos motivos, se enfrentaron políticamente con Cristina Kirchner.Situación judicial de De VidoEl exministro fue trasladado a Ezeiza hace dos semanas, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Once. Tras su detención, solicitó la prisión domiciliaria, basándose en su edad (75 años) y en problemas de salud certificados por el SPF: hipertensión arterial, arritmia cardíaca, diabetes insulinodependiente y asma bronquial. El Tribunal Oral Federal Nº 4 ya rechazó un pedido urgente de domiciliaria presentado días atrás y ahora analiza una nueva solicitud. Para ello intervienen peritos de ambas partes y el Cuerpo Médico Forense, cuyos informes serán determinantes para resolver si el exministro puede cumplir la pena fuera del penal. De Vido ya había residido bajo arresto domiciliario en una chacra de Zárate, en el country Puerto Panal, donde permaneció mientras avanzaban otras causas en su contra.Las causas pendientesAdemás de la condena por la tragedia de Once, este año también recibió una pena de cuatro años por la compra de buques de gas natural licuado con sobreprecios. En 2022 había sido sentenciado por la adquisición de trenes en desuso a España y Portugal. Aún enfrenta juicios orales por las causas Cuadernos, Odebrecht y Skanska, mientras que fue absuelto en los expedientes relacionados con la obra pública vial y el convenio para la novela Mamá Corazón, protagonizada por Andrea del Boca.

Alberto Fernández se reunió con Julio De Vido en el penal de Ezeiza

El magistrado dispuso también que S.A.D. sea trasladado a la unidad penal que disponga el Servicio Penitenciario –ya que se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Federal-, conforme el cupo disponible, donde quedará detenido y a disposición de la causa. S.A.D. había sido declarado autor penalmente responsable de delito de “Abuso sexual simple, agravado por el vínculo, reiterado”.Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Eugenia Molina y los fiscales Mario Guerrero y Martín Irurueta, en tanto que los abogados Rafael y Diego Briceño asistieron al imputado. Se trató del centésimo cuadragésimo noveno juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Por Karina Poritzker - El financista Ernesto Clarens, arrepentido del caso Cuadernos, dio detalles sobre cómo empezó a trabajar para los Kirchner a cambio de comisiones, recibiendo los pagos ilegales por parte de empresarios y entregando el dinero al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz. “En determinado momento Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, recordó, según se leyó hoy en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli. Clarens recordó que se juntaba con Muñoz “para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes”. “En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento...“, aseguró. La cuarta jornada del juicio oral por el caso Cuadernos se reanudó este martes poco antes de las 14 con algunos problemas de conexión a Internet por parte del Tribunal Oral Federal 7 que, luego de breves interrupciones, quedaron subsanados. “Ahí estaba la historia”. Eso decían entre sí los secretarios en relación a un particular sitio en la residencia de los Kirchner en El Calafate. “En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera, donde había una puerta placa de color blanca cerrada, donde siempre decíamos entre los Secretarios que ‘ahí estaba la historia’: el lugar donde se podrían guardar los bultos”. Gutiérrez se refería “las valijas con candado” que según el otro ex secretario ya fallecido Muñoz custodiaba en los vuelos del avión presidencial Tango 01 desde la ciudad de Buenos Aires a Santa Cruz, en fines de semana. Todo esto forma parte de la declaración como imputado colaborador de Gutiérrez, el fallecido ex secretario presidencial. Se trata de la cuarta jornada de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 acusados. Víctor Fabián Gutiérrez nació en julio de 1973 en Las Heras, Santa Cruz. Murió asesinado en su provincia, durante un supuesto robo en agosto de 2020, con 47 años recién cumplidos. Había sido secretario de Néstor y Cristina Kirchner y era arrepentido en el caso Cuadernos. Gutiérrez falleció, pero sus dichos forman parte del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli, leído desde el inicio del debate el 6 de noviembre pasado. En la acusación fiscal hay un apartado titulado “la jefa”. Se refiere a Cristina Kirchner y a su rol como presunta líder de la asociación ilícita y si dan los tiempos se repasará en esta jornada. Allí se considera probado su “liderazgo sobre el resto de los miembros de la asociación” basado en su “poder de asignar funciones” al resto de los integrantes. Para la fiscalía, Cristina Kirchner “era la única capaz tanto de accionar como ponerle fin a la agrupación destrabando la banda y desintegrando su conformación”. Era la “única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”. En esa línea argumental, la asociación ilícita que se sostiene se conformó en Cuadernos fue comandada por “Néstor Carlos Kirchner respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”. “Fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación. Los elementos de prueba recabados durante la instrucción demostraron que el sistema de recaudación diseñado tuvo un único vértice, por cuanto el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner, al menos durante los años 2008/2010”, se detalla. Si hubiera llegado vivo al debate oral, el secretario presidencial Gutiérrez estaría en el banquillo juzgado por encubrimiento agravado porque “ayudó a Néstor Carlos Kirchner y a Cristina Elisabet Fernández, a asegurar el dinero ilegal producto del sistema de recaudación de fondos” Como arrepentido, Gutiérrez habló de los viajes. “Con respecto a los viajes de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner al Sur los fines de semana, también los acompañaba siempre en el Tango 01” En cuanto a Daniel Muñoz, refirió que “la mayor parte de los viajes, llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión, pasando el área presidencial, entre la sala que solían utilizar los periodistas y la cocina”. “Lo hacía de manera reservada. Yo no vi el contenido de esas valijas pero se comentaba y también yo lo pensaba, que contenían dinero”, agregó el arrepentido. Cuando llegaban a la residencia de El Calafate y arribaba Muñoz, “Néstor Kirchner nos hacía retirar”, acotó sobre la secuencia habitual: “Cuando los Kirchner llegaban de un vuelo nos dirigíamos todos a la casa y al poco tiempo aparecía Muñoz. Cuando aparecía Muñoz nos hacían retirar a todos por una hora aproximadamente”. “Lo mismo ocurría en la casa de Río Gallegos, donde había un sector contiguo al gimnasio de las mismas características de lo relatado en el Calafate. Que todos pensábamos, como dije más arriba, que en este lugar también se almacenaban los bultos aludidos”. “Desde el 2003 hasta el 2005 esto era en Río Gallegos y al menos entre 2008 y 2010, período en el que estuve, fue en El Calafate”, detalló. Según el cronograma que difundió el Tribunal, entre esta semana y el 2 de diciembre se terminarán de leer los requerimientos de elevación a juicio del caso central y otros dos tramos vinculados a la acusación por pago de sobornos para adjudicación de obras públicas. Desde ahora habrá dos audiencias semanales, martes y jueves. Las del 4,9, 11 y 16 de diciembre estarán dedicadas a la acusación de la fiscalía y de la querella de la Unidad de Información Financiera en “La Camarita”, una pesquisa conexa que juzga la cartelización de la obra pública por parte de la Cámara Argentina de Empresas Viales. El 18 de diciembre, último jueves hábil del año, se dedicará al requerimiento fiscal en otras dos causas, “Trenes” y “Corredores Viales”. El jueves 25 es Navidad. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los abogados que informen de manera previa si habrá cuestiones preliminares y recibieron respuestas positivas. Esto anticipa una próxima etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León, a la querella de la UIF y luego tomar una decisión. Se calcula que entrado febrero de 2026 -si se concreta el anunciado receso por la feria judicial de enero- será el momento de inicio de las 86 declaraciones indagatorias. Más allá de que el acusado tenga o no intención de hablar, hay un paso insoslayable: sentarse frente al Tribunal para dar sus datos personales. Por ahora rige la decisión del sistema mixto. Cada uno irá el día que le toque y se verá de manera presencial al menos con jueces, fiscalía, querella y su defensa. Los demás seguirán las alternativas por Zoom. Con este panorama, todo indica que habrá que esperar a entrado el 2026 para saber si los imputados colaboradores se mantendrán en sus dichos. Infobae.

El financista Ernesto Clarens dijo que el dinero se entregaba “en el domicilio de Juncal del matrimonio Kirchner”

El Tribunal Oral Federal 7 reanudará desde las 13 el juicio y continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los 86 imputados, en un acusación que terminará de leerse el 2 de diciembre. Así, durante las dos audiencias de esta semana se escucharán los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli llevar a cabo las acusaciones que se juzgarán a lo largo del juicio. Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel, habían decido la semana pasada sumar a partir del 25 de noviembre una segunda audiencia para los días martes, además de haber presentado un oficio donde reiteraron los pedidos, efectuados a los tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia, sobre la dotación de mayores recursos humanos y mejoras en la infraestructura edilicia. Como informó la Agencia Noticias Argentinas, la semana pasada el TOF resolvió además apartar del debate y sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-, poer presentar “una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva”, después de que los jueces dieran intervención a los especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF). Además de la ex presidenta Fernández de Kirchner, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra pública José López; el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita. Entre los empresarios que llegan a juicio están Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri; Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona. La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015 para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

El juicio por la causa Cuadernos retoma este martes con dos audiencias por semana

Pasaron dos gobiernos y medio y una pandemia, entre otros hechos relevantes, hasta que la Corte resolvió que aquel recurso no estaba bien fundamentado, por lo que devolvió el expediente a Entre Ríos. Ahora, los vocales de la Sala Penal del STJ Daniel Carubia y Claudia Mizawak, a quienes les rechazaron la excusación para intervenir, junto a un tercer vocal (la excusación de Miguel Ángel Giorgio había sido aceptada) deberán resolver acerca de las críticas a la sentencia condenatoria presentada por los abogados defensores. Las condenas por hechos de corrupción ocurridos más de un cuarto de siglo atrás, aún no está firme. La causa, desde su inicio, fue dilatada y cajoneada durante los primeros años. En 2013, la jueza de Instrucción Marina Barbagelatta dictó el procesamiento de Alanís, Re y los demás imputados (el sobrino del exvicegobernador Maximiliano Alanis; el exdirector administrativo del Senado, José Crettón Pereyra, y el exlegislador Elcio Viollaz), por Peculado. Esta resolución fue anulada al año siguiente por el Tribunal de Apelaciones, integrado por Elvio Garzón, Hugo Perotti y Miguel Ángel Giorgio, quienes dictaron el sobreseimiento de los acusados. Luego, la Sala Penal del STJ revocó este sobreseimiento con el voto de Carubia y Carlos Chiara Díaz, mientras que Mizawak se abstuvo debido a esta mayoría en el fallo. En 2015 los exfuncionarios fueron procesados nuevamente. Viollaz falleció en 2014. En 2018 fue el juicio: Maximiliano Alanis y Crettón Pereyra firmaron un juicio abreviado y acordaron 2 años y 8 meses de prisión condicional. Luego del debate, donde la Fiscalía pidió 5 años y medio de cárcel para los dos principales involucrados en la trama de corrupción, se dictó la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Los defensores recurrieron esta sentencia y llegaron a la Sala Penal del STJ, donde la causa se volvió a empantanar. ¿Qué pasó? Los tres actuales vocales de esta Sala se excusaron por ya haber intervenido en el proceso. Se conformó un tribunal para analizar estas excusaciones: se la aceptaron a Giorgio (porque había dictado el sobreseimiento en aquella oportunidad cuando era juez de la apelación) pero se la rechazaron a Carubia y a Mizawak, por considerar que nunca se expidieron sobre la cuestión de fondo de la causa. Lo curioso es que no solo los jueces querían apartarse, sino también los defensores y el Ministerio Público Fiscal. Es decir, todos, con el fin de garantizar parcialidad en la sentencia final.El procurador general de Entre Ríos Jorge García acudió ante la Corte Suprema nacional por este conflicto (el recurso fue acompañado con el visto bueno de la defensa), en 2019, cuando la causa volvió a dormir el sueño de los justos. El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen de ocho páginas en el cual consideró que debía hacerse lugar al recurso y revocar la decisión criticada por todas las partes. Enfatizó que “la garantía a un tribunal imparcial es un elemento del derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio”. Sostuvo que García “lleva la razón, en tanto el trámite de las actuaciones respalda el temor de parcialidad alegado” y que el caso “puede comprometer los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de corrupción”. Casal consideró que la cuestión era “evidente en el caso de la excusación del juez Carubia”, ya que “evaluó la fiabilidad de los testimonios y la prueba documental”. Respecto a Mizawak, indicó que aunque se abstuvo de votar en la resolución final que anuló el sobreseimiento (debido a la coincidencia de los dos votos anteriores), ella intervino activamente a lo largo de todo el procedimiento de impugnación. Finalmente, el 23 de octubre de 2025, los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, resolvieron “que el recurso extraordinario no cumple con el requisito de fundamentación autónoma (artículo 15 de la ley 48). Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación interino, se lo desestima. Notifíquese y devuélvase”. Ahora sí, la Sala Penal del STJ entrerriano deberá resolver finalmente si queda firme o no la condena por el escándalo del robo de dinero del Senado provincial hace 26 años. (I:ANÁLISIS)

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