¿Los escritorios a la calle? El reclamo es un derecho, pero los bienes públicos son de todos

El reclamo por condiciones dignas de trabajo es legítimo. Si existen cables expuestos, problemas edilicios, falta de espacio y documentación almacenada en lugares inadecuados, el Gobierno tiene que responder.

Pero una cosa es reclamar y otra muy distinta disponer de bienes públicos como si pertenecieran a alguna de las partes del conflicto.

Los escritorios, las máquinas y cualquier otro elemento del Registro de la Propiedad no son del Gobierno, tampoco del gremio ni de los trabajadores: son del Estado y, en definitiva, de Juan Pueblo, que los pagó con sus impuestos.

Por eso la advertencia de “sacar los escritorios a la calle” merece algo más que ser tomada como una frase de protesta.

Hay además un punto todavía más delicado.

Estamos hablando del Registro de la Propiedad, un organismo que trabaja con documentación vinculada a derechos sobre inmuebles y trámites de particulares. Si una eventual protesta implicara también trasladar documentación o alterar las condiciones bajo las cuales debe ser custodiada, la situación adquiriría otra dimensión.

El gremio tiene todo el derecho a hacer visible su reclamo y el Gobierno deberá explicar qué ocurre dentro del organismo y qué piensa hacer para solucionarlo.

Pero los bienes públicos tienen un límite sencillo de entender: nadie puede considerarlos propios.
Y la documentación sensible, mucho menos.

Reclamar, sí. Protestar, también.

Pero que la pelea entre el Estado empleador y sus trabajadores no termine poniendo en la vereda lo que pertenece —y debe estar protegido— para todos los habitantes de esta provincia.