Una disputa dentro de la Corte Suprema sacude la campaña presidencial de Brasil

El conflicto se profundizó esta semana a partir de decisiones enfrentadas entre los jueces André Mendonça y Flávio Dino, ambos exministros de Justicia, pero vinculados a sectores políticos opuestos. Mendonça, designado por el expresidente Jair Bolsonaro, había ordenado suspender al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, al acusar a la fuerza de haberlo espiado ilegalmente.
Un día después, Dino, exministro de Justicia de Lula, dispuso la reincorporación de Rodrigues al considerar que la medida podía afectar investigaciones y el funcionamiento de la Policía Federal. La disputa llevó al presidente del Supremo, Edson Fachin, a intervenir y suspender las decisiones enfrentadas mientras analiza el caso.

El caso que desató la crisis
El enfrentamiento tiene como origen una investigación sobre el Banco Master y su expropietario, Daniel Vorcaro, acusado de participar en un multimillonario fraude financiero.
Durante la investigación aparecieron mensajes de Vorcaro dirigidos a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. La publicación de ese material desencadenó acusaciones cruzadas entre magistrados y nuevas investigaciones dentro de la propia Corte.
Mendonça difundió parte de la información y posteriormente acusó a la Policía Federal de espionaje. Moraes, en tanto, denunció a su colega por abuso de autoridad.
La disputa adquirió una dimensión política porque el caso también alcanzó al entorno de Flávio Bolsonaro. La Policía investiga transferencias millonarias que el candidato habría solicitado a Vorcaro y que, según su explicación, estaban destinadas a financiar una película biográfica sobre su padre.

Lula y Flávio Bolsonaro cruzaron acusaciones
En plena campaña, Lula pidió levantar el secreto de las investigaciones relacionadas con el caso Master para evitar, según sostuvo, “filtraciones selectivas” que puedan influir en la elección.
Flávio Bolsonaro, por su parte, cuestionó la decisión de Dino de restituir al jefe de la Policía Federal y acusó al gobierno de intentar influir sobre el proceso judicial.
La crisis también generó preocupación en el sector empresarial. Unas 3.000 entidades brasileñas difundieron un manifiesto en el que advirtieron sobre una “crisis institucional de extrema gravedad” y señalaron que el cuestionamiento de la legitimidad de los jueces puede afectar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
El conflicto ocurre mientras Brasil se encamina a las elecciones del 4 de octubre, en un escenario político cada vez más polarizado y con la Corte Suprema convertida en uno de los principales focos de la disputa electoral.