El fiscal puso bajo sospecha la vida de Almada en la Triple Frontera

Ignacio Aramberry explicó los motivos que llevaron a la detención del denominado “cuñado del cuñado de Urribarri”. Aseguró que el acusado habría residido durante extensos períodos fuera del país sin autorización y anticipó que investigarán las inversiones atribuidas a su entorno familiar en Brasil.
La detención de Alejandro Almada abrió un nuevo capítulo judicial alrededor del entorno político y familiar del exgobernador Sergio Urribarri. Almada es cuñado de Juan Pablo Aguilera, quien a su vez es cuñado del exmandatario entrerriano, y está acusado de haber cumplido un papel importante en la recaudación de fondos desviados de la Legislatura provincial mediante contratos presuntamente falsos.
Es necesario aclarar que se trata de un expediente diferente del proceso por el cual actualmente se encuentran cumpliendo condena Urribarri, Pedro Báez y Aguilera. Aunque existen vínculos personales y políticos entre algunos de sus protagonistas, la denominada causa Contratos investiga hechos distintos de aquellos juzgados en el proceso que llevó a prisión al exgobernador y sus excolaboradores.
El fiscal Ignacio Aramberry brindó detalles sobre la situación de Almada durante una entrevista radial realizada por el periodista Daniel Enz en una emisora de Paraná. Allí explicó que la investigación comenzó a profundizarse cuando surgieron sospechas de que el acusado no residía realmente en el domicilio declarado ante la Justicia, ubicado en la capital provincial.
A partir de esa información, la Fiscalía revisó las restricciones que pesaban sobre Almada y solicitó sus registros migratorios. El análisis reveló numerosos cruces fronterizos y estadías prolongadas en la zona de la Triple Frontera.
Según Aramberry, solamente durante 2020 Almada habría permanecido más de 300 días fuera de Paraná. Para el fiscal, estos movimientos permiten considerar que se había radicado en esa región y que el domicilio informado en la capital entrerriana era “meramente formal y falso”.
El funcionario judicial explicó que Almada debía comunicar cualquier salida de Paraná y obtener el consentimiento de la Fiscalía o, en caso de rechazo, una autorización judicial. A diferencia de otros acusados que informaron sus viajes, sostuvo que en este caso el cambio de residencia nunca fue puesto a consideración de las autoridades.
Almada continúa afirmando que su domicilio se encuentra en Paraná. Sin embargo, Aramberry remarcó que los datos objetivos y documentales obtenidos durante la investigación indicarían una situación diferente.
El fiscal aclaró que todavía no poseen información precisa sobre la actividad laboral que Almada habría desarrollado en Foz do Iguazú. El detenido manifestó que continuaba percibiendo su sueldo como empleado de la Cámara de Diputados y que trabajaba bajo la modalidad de home office, debido a que tenía restringido el ingreso a la Legislatura.
La Fiscalía también dirige su atención hacia distintos emprendimientos comerciales relacionados con la pareja de Almada, Micaela Banegas, y otros integrantes de su entorno familiar en Brasil. Aramberry consideró inusuales esas inversiones porque tanto Almada como Banegas tienen una inhibición general de bienes dentro del expediente.
El representante del Ministerio Público Fiscal reconoció que investigar operaciones económicas realizadas en otro país presenta dificultades. No obstante, indicó que existen canales de cooperación internacional para solicitar documentación y destacó que los registros públicos brasileños aportaron información considerada confiable para avanzar con las averiguaciones.
La procedencia del dinero y la eventual existencia de maniobras de lavado de activos todavía deberán determinarse. Aramberry explicó que, si las operaciones estuvieran directamente vinculadas con fondos investigados en una causa provincial, también podría discutirse la competencia de la Justicia entrerriana para intervenir.
Almada permanecerá inicialmente 30 días bajo prisión preventiva. Cuando finalice ese plazo, la Fiscalía evaluará si corresponde solicitar una medida más rigurosa o avanzar con otra alternativa.
Entre las posibilidades aparece un eventual juicio abreviado, opción que ya fue comunicada a la defensa para iniciar conversaciones. Esto requeriría un acuerdo sobre los hechos, la responsabilidad y la pena, sujeto posteriormente a la aprobación judicial.
Finalmente, Aramberry aseguró que esta detención no modificará ni demorará el camino de la causa principal hacia el juicio. La situación particular de Almada se tramita como un incidente separado, mientras se espera que quede firme la resolución que dispone la elevación del expediente de los contratos legislativos a la instancia de debate.