Mensajes comprometen a Kueider en una investigación por sobornos

La situación judicial de Edgardo Kueider suma nuevos elementos. Según una nota publicada por Infobae, las pericias sobre el teléfono de Jorge González, ex presidente de Enersa y uno de los procesados en la causa conocida como “Securitas”, permitieron recuperar conversaciones que podrían aportar información sobre la influencia del ex senador concordiense en la empresa eléctrica provincial.

La investigación tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y busca determinar si la compañía de seguridad pagó sobornos para obtener contratos con organismos y empresas públicas. Entre las entidades mencionadas aparecen Enersa, AySA, Senasa, Renaper y la Anmac.

Kueider representó las acciones del Estado entrerriano en Enersa mientras fue secretario general de la Gobernación, entre 2015 y 2019. Frente a las sospechas, sostuvo que su participación se limitaba a las asambleas y que no intervenía en las contrataciones. Sin embargo, de acuerdo con la publicación, los intercambios recuperados son analizados como posibles indicios de una influencia que habría continuado después de su llegada al Senado.

Uno de los mensajes corresponde a febrero de 2020. En esa conversación, González informó a un contacto que concurriría con Kueider a una reunión. La sospecha reseñada por Infobae es que otro de los participantes mencionados sería Claudio Tórtul, empresario investigado por su presunta intervención en las maniobras.

Otro intercambio, de diciembre de ese año, muestra a González utilizando un contacto proporcionado por Kueider para organizar un encuentro en la sede de Enersa, en Paraná. Estos elementos deberán ser valorados judicialmente para establecer su alcance y si guardan relación con los hechos investigados.

Una frase que requiere contexto

Entre las conversaciones difundidas figura un intercambio de mayo de 2023 con una persona registrada como “Andrea Sobrina Gchu”, quien relató que se encontraba en el despacho de Kueider en el Senado y mencionó la llegada de otra persona. González respondió con una descalificación sobre sus conocimientos de energía y agregó: “De recaudar sabe”.

La frase no está dirigida a Kueider, sino al visitante mencionado en la conversación, al que la publicación vincula con quien sucedió a González al frente de Enersa. Su relevancia para la pesquisa reside en el contexto del encuentro y en los vínculos entre los protagonistas; por sí sola, no acredita el pago de un soborno.

El juzgado que el ex senador cuestionó

Las revelaciones corresponden al expediente que Kueider ha descalificado públicamente. En una entrevista publicada por Análisis en noviembre de 2025, sostuvo que Securitas era una causa armada políticamente y atribuyó la investigación a una represalia por su ruptura con el bloque kirchnerista. También cuestionó a Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez. Esas afirmaciones forman parte de su posición defensiva.

El escenario argentino, además, tuvo una novedad reciente: la Corte Suprema resolvió que continúen por separado la investigación federal y la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en Entre Ríos. La decisión permite que ambas pesquisas sigan adelante y no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad del ex legislador.

El pedido de pena y la condena en Paraguay

En Paraguay, donde fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar con más de 200.000 dólares sin declarar, el fiscal Ysrael Villalba solicitó el 6 de julio de 2026 una condena de dos años y dos meses de prisión para Kueider y su ex secretaria, Iara Guinsel Costa, por tentativa de contrabando. La defensa pidió la absolución y cuestionó la interpretación legal utilizada para considerar el dinero como mercadería.

El 13 de julio, el tribunal condenó al ex senador a dos años de prisión en suspenso, mientras que Guinsel Costa recibió una pena de un año y diez meses, también en suspenso. Kueider recurrió la sentencia.

La condena en suspenso no significó su liberación. El ex legislador continúa bajo arresto domiciliario y enfrenta, además, una investigación por presunto lavado de activos vinculada con operaciones inmobiliarias en Paraguay. En agosto, el juez Humberto Otazú rechazó el pedido de reemplazar la detención domiciliaria por libertad bajo palabra, al considerar que persistían las circunstancias que justificaban la medida.

También sigue pendiente su entrega a la Argentina, solicitada por Arroyo Salgado. Según informó Infobae el 29 de septiembre, Paraguay aplazó la extradición hasta que se resuelvan los procesos locales. Así, las nuevas conversaciones conocidas se incorporan a un panorama judicial que mantiene abiertos distintos frentes para el ex senador vinculado a Concordia.