Presentaron otro pedido de juicio político a la vocal del STJ, Susana Medina

La nueva presentación se realizó este miércoles pasadas las 8 en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein. Allí se presentó la presidenta de la ONG Entre Ríos sin corrupción, María Fabiana Cian.
El nuevo trámite se suma a la denuncia formulada el viernes, que será analizada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada a reunión este jueves a las 11.

La denuncia de Entre Ríos sin Corrupción se centra en “abusos del sistema de licencias”, el “abandono de funciones que perjudicó la función judicial”, la “alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes” cuando Medina fue presidenta el STJ, los aportes recibidos por parte de una entidad y una situación de “abuso de autoridad”.
En el texto se marca que “el extraordinario número” de días de licencia tomadas por Medina constituye “una falta ética básica” y se muestran estadísticas que constatan los índices de demora en la tramitación de las causas en la Sala Laboral que integra la magistrada, reseñó Análisis.

“Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, se remarca en el texto junto a datos que muestran el desempeño desde 2019 hasta octubre de este año.

En la información se observa que en 2024, por ejemplo, el índice de morosidad llegó al 90 por ciento. También se incluye un cotejo con las otras salas del alto cuerpo. En 2025 la morosidad alcanza el 88 por ciento. Para los denunciantes, la conducta se encuadra en la causal de mal desempeño.
Otro punto aborda la aceptación y gestión de “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que hasta esta semana presidió Medina, “entregadas por un justiciable y contratista del STJ”. La referencia es a una entidad bancaria que es agente financiero del Estado entrerriano y a fundaciones vinculadas.
Los denunciantes acompañan imágenes de elementos de comunicación institucional de AMJA en los que puede observarse el logo de la entidad en cuestión. Y entienden que la recepción de esos aportes, de haber existido, constituye un conflicto de intereses e “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fuero en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”.
Por último, se incluyó en la denuncia un hecho que para la ONG constituyó un abuso de autoridad, ocurrido cuando al momento de celebrarse una audiencia de una causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, en junio de 2022, durante la presidencia de Medina, a representantes de Entre Ríos sin corrupción se les impidió el acceso a Tribunales.