Enrique Cresto impulsa un programa para refinanciar las deudas de las familias entrerrianas

El creciente endeudamiento de los hogares entrerrianos llegó a la Legislatura provincial. El diputado Enrique Cresto impulsa la creación de un programa que permita a las familias refinanciar deudas de consumo bajo condiciones que, según sostiene, hagan posible volver a pagarlas sin que las cuotas absorban una parte desproporcionada de los ingresos.
La iniciativa no plantea perdonar ni asumir con recursos públicos las obligaciones particulares. El objetivo es diferente: reemplazar deudas acumuladas en tarjetas de crédito y préstamos personales por financiamiento más barato y a mayor plazo.
“Las deudas deben pagarse, pero quienes tienen voluntad de hacerlo necesitan condiciones razonables que les permitan cumplir”, fundamentó Cresto.
El proyecto cuenta con la coautoría de una decena de diputados y parte de un diagnóstico que se observa cada vez con mayor frecuencia: el crédito dejó de utilizarse solamente para adquirir bienes importantes o afrontar gastos excepcionales y pasó a financiar necesidades básicas.
Alimentos, medicamentos, servicios, ropa y educación aparecen entre los gastos cotidianos que muchas familias terminan pagando mediante tarjetas o préstamos.
Para Cresto, esa situación genera un círculo difícil de romper: se contrae una nueva deuda para cancelar otra anterior y una proporción creciente del salario termina destinada al pago de intereses.

QUIÉNES PODRÍAN ACCEDER
El programa estaría destinado a personas con domicilio real en Entre Ríos que posean deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales.
Entre los requisitos previstos se establece que el solicitante figure en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central, que los ingresos familiares sean inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles y que más del 30% de esos recursos se destine al pago de las obligaciones comprendidas.
Uno de los aspectos centrales es la condición de los nuevos créditos: el proyecto fija una Tasa Nominal Anual máxima del 35%, con un período de amortización no inferior a 24 meses.
También contempla la cancelación anticipada y prohíbe incorporar gastos adicionales que terminen alterando, en los hechos, el límite establecido para la tasa.
Los fondos tampoco quedarían a libre disposición del beneficiario. Serían aplicados directamente a cancelar las deudas anteriores, evitando así generar un nuevo compromiso financiero sin resolver el existente. En palabras de Cresto, se pretende “cambiar deuda cara por deuda más barata y de mayor plazo”.

INCENTIVOS PARA QUE PARTICIPEN LOS BANCOS
La propuesta invita al Banco de Entre Ríos, Banco Nación y demás entidades financieras reguladas por el Banco Central a adherir voluntariamente al sistema.
Para incentivar su participación, contempla una reducción del 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente exclusivamente a los intereses generados por estos nuevos créditos.

Cresto aclaró que no se propone una exención impositiva general para las entidades financieras, sino un beneficio limitado a las operaciones que efectivamente permitan refinanciar las deudas de familias entrerrianas.

RECUPERAR INGRESOS PARA EL CONSUMO
El legislador considera que el mecanismo podría tener además un efecto sobre la actividad económica provincial.
Una familia que actualmente destina buena parte de sus ingresos al pago de elevados intereses podría, con una cuota menor, recuperar capacidad para consumir en comercios y servicios locales.
“Gana la familia, porque transforma una deuda difícil de afrontar en una cuota posible. Gana el banco, porque recupera un deudor y reduce el riesgo de incobrabilidad. Gana el comercio local, porque parte del ingreso que hoy se destina a intereses vuelve al consumo. Y gana la Provincia, porque contribuye a recuperar actividad económica sin asumir las deudas privadas”, argumentó Cresto.
La iniciativa toma como antecedente un régimen de desendeudamiento aprobado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque adaptándolo a las características económicas, tributarias y territoriales de Entre Ríos.

Para el diputado, la magnitud que adquirió el endeudamiento familiar requiere una respuesta específica. El Estado, sostuvo, no debe sustituir la responsabilidad de quien contrajo una deuda, pero tampoco permanecer indiferente cuando los intereses convierten una obligación originalmente posible de pagar en una carga prácticamente imposible de afrontar.
El proyecto también lleva las firmas de los diputados Lorena Arrozogaray, Silvia Ávila, Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia Moreno, Yari Seyler, María Laura Stratta y Andrea Zoff.