Piden asistencia urgente para productores de siete departamentos entrerrianos ante el avance del agua

Los costos de sacar hacienda de las islas, conseguir campos alternativos y reubicar colmenas forman parte de las dificultades que motivaron un proyecto presentado este viernes por la mañana en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
La iniciativa del diputado justicialista Juan José Bahillo solicita al Ejecutivo provincial que declare la emergencia y/o el desastre agropecuario para las explotaciones bovinas, equinas, caprinas, ovinas y apícolas de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
El planteo busca una intervención estatal frente al impacto de las crecientes y la incertidumbre sobre las lluvias y el comportamiento de los ríos durante los próximos meses, en el contexto del fenómeno El Niño.

Según los fundamentos, el avance del agua reduce las superficies disponibles para pastoreo y dificulta el ingreso a los establecimientos ribereños. Esa combinación obliga a modificar el manejo de las explotaciones y afrontar gastos extraordinarios, mientras persisten las dudas sobre la duración de la contingencia.

En la producción bovina, trasladar animales hacia terrenos altos requiere embarcaciones, barcazas o camiones, además de recursos para alquilar campos, comprar alimento y garantizar atención veterinaria. La alteración del funcionamiento habitual también aumenta la vulnerabilidad de terneros y vacas con cría.
Los establecimientos equinos, ovinos y caprinos enfrentan problemas similares: pérdida de pasturas, necesidad de evacuar animales y mayores desembolsos para sostenerlos en otros lugares.

Para los apicultores, la urgencia pasa por retirar o reubicar colmenas y equipos antes de que queden alcanzados por el agua o se interrumpan los accesos. A ello se suma la posible disminución de la flora disponible, con consecuencias sobre la alimentación de las abejas y la producción.

Bahillo advierte que la falta de respuestas a tiempo puede poner en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas unidades productivas.

El impacto, señala el proyecto, también se extiende al empleo rural y a transportistas, comercios y prestadores de servicios vinculados con esas actividades.

Relevamiento, alivio fiscal y financiamiento
La propuesta reclama la intervención de la Comisión Provincial de Emergencia para evaluar los daños y definir las zonas, actividades y períodos comprendidos. También pide facilitar las declaraciones juradas y la entrega de certificados individuales. En sus fundamentos, recuerda que el encuadre provincial contempla una afectación mínima del 50% para emergencia y del 80% para desastre.
En materia tributaria, solicita que ATER instrumente prórrogas o diferimientos de obligaciones, junto con exenciones totales o parciales de impuestos y tasas, según corresponda. Otro punto es gestionar ante la Nación el reconocimiento de la declaración provincial bajo el régimen de la Ley 26.509, para permitir el acceso a las herramientas de asistencia federales.
El proyecto también propone créditos accesibles, con tasas inferiores a la inflación mediante bonificación estatal u otros mecanismos. El objetivo es que los productores puedan afrontar las pérdidas, mantener sus explotaciones y recuperar capacidad de trabajo.

Finalmente, plantea coordinar asistencia logística y sanitaria para trasladar y proteger animales, colmenas y equipos, asegurar alimento y atención veterinaria, y recuperar caminos, embarcaderos y otras instalaciones rurales afectadas.
Con estas medidas, la iniciativa busca evitar que una emergencia climática derive en una pérdida de capital productivo que las familias rurales no puedan revertir.