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    Un amparo por el estado de las rutas entrerrianas llegó al Juzgado Federal de Victoria

    La presentación solicita que Nación destine a la provincia fondos viales del impuesto a los combustibles y cumpla con el mantenimiento de las rutas a su cargo.

    30 de septiembre de 2026 | 06:00
    Juez Federal Dr. Federico Martin
    Juez Federal Dr. Federico Martin
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    El magistrado pidió informes al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional antes de decidir.  
    El estado de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos llegó al Juzgado Federal de Victoria.

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    En la causa 12957/2026, el juez Federico Martin dio curso a un amparo pedido por legisladores nacionales peronistas y requirió información al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional.

    El reclamo se concentra en el destino de recursos vinculados con el impuesto a los combustibles. Una parte integra el fideicomiso de infraestructura de transporte creado por el Decreto 976/2001, dentro del cual funciona el Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

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    Los legisladores sostienen que esos fondos deberían reflejarse en la conservación y mejora de la red vial nacional.

    El diputado Michel afirmó que «tres de cada cuatro pesos» del fondo fueron colocados en instrumentos financieros en vez de aplicarse a obras y estimó en más de $1,5 billones los recursos involucrados.

    Se trata de cifras y conclusiones expuestas por el diputado, que deberán ser examinadas junto con la información que presenten los organismos nacionales; el juez aún no se pronunció sobre ellas.

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    La discusión tiene consecuencias directas para Entre Ríos. Por la provincia pasan corredores nacionales decisivos para el transporte de personas y mercaderías: las rutas 12 y 14, la 18 que une el área de Paraná con la zona de Concordia, la 127 hacia el norte y la 174 del enlace Rosario–Victoria.

    También forman parte de esa red los accesos internacionales por las rutas 135 y 136, entre otros tramos.
    Ahora corresponde que Nación responda el requerimiento judicial.

    Con esos informes, el juzgado deberá evaluar tanto el destino de los recursos cuestionados como la procedencia de las medidas solicitadas para las rutas entrerrianas.                                    

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