¿Cómo se gestó la recuperación de Malvinas en 1982? (Nota 4)

El nivel político nacional, representado por la Junta Militar, tenía la responsabilidad de elaborar un documento llamado Apreciación y resolución de la estrategia nacional (ARENAC), donde se establecían las hipótesis de conflicto y de guerra. La Secretaría de Planeamiento y otros organismos redactaban dicho documento, del cual derivaba la Directiva estratégica nacional (DENAC) (Frecha, Espacio de Eduardo Frecha, 2013). El objetivo político de la DENAC para 1982 era consolidar la soberanía de nuestro país en las tres islas en litigio para contribuir a afirmar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur (Directiva de estrategia nacional nro 1/82, 1982). 
El equipo de trabajo designado para la planificación de la recuperación de Malvinas comenzó su labor tras la reunión de la Junta Militar del 12 de enero, y estaba compuesto por el general García, el contraalmirante Lombardo y el brigadier mayor Plessl. Ellos elaboraron los documentos genéticos de la Operación Rosario. Una de las carencias observadas antes del 2 de abril fue la escasa claridad en las órdenes por parte de los comandantes, lo que obligó a los miembros del equipo a autoimponerse los objetivos militares a lograr (Frecha, Espacio de Eduardo Frecha, 2013). 
El planeamiento se realizó siguiendo un camino inverso, ya que el equipo de trabajo recibió la orden de confeccionar un plan militar sin que estuviera elaborada la directiva superior, puesto que faltaba la DEMIL. El brigadier general Basilio Lami Dozo evaluó el documento realizado por el equipo y, sobre esa base, se conformó la Directiva Estratégica Nacional (Lombardo, 2002). 
Esta disposición, según Frecha, “aproximó el método de planificación de comando a lo doctrinario, pero no lo corrigió completamente, puesto que previo a la DENAC se debió confeccionar, o consultar, una ARENAC” (Frecha, Espacio de Eduardo Frecha, 2013). 
El plan esquemático fue realizado para orientar a los niveles inferiores de comando en su planificación, analizando las capacidades del enemigo en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM). Se preveía la ocupación de las islas con una imponente fuerza de tareas anfibia a partir del día D, mediante una operación incruenta. Luego se planificaba la constitución de un gobierno militar que reemplazara al británico y el repliegue posterior de las fuerzas de ocupación, salvo una reducida guarnición de aproximadamente 500 hombres. El plazo previsto debía consumarse en el día D+5. 
A fines de febrero estaba redactado el plan esquemático para la captura de Malvinas (Lombardo, 2002). Cada oficial del equipo expuso su planificación a su respectivo comandante en jefe y obtuvo la aprobación de sus superiores. Las directivas emanadas por la Junta indicaban que la aprobación de cada miembro del equipo debía darse en exposiciones consecutivas, orientadas a la preparación de los elementos de cada Fuerza Armada por separado. La premura en los tiempos impuestos por el gobierno argentino hizo que se pasara de una aprobación parcial del plan a una total. A pesar de que las operaciones militares se cumplieron de manera eficaz, ya se evidenciaban falencias en cuanto a la coordinación y previsión de las tareas por realizar.
La DENAC 1/82 y el Plan de Campaña Esquemático fueron expuestos al Comité Militar (Junta Militar) el 16 de marzo de 1982. Tales documentos obtuvieron la aprobación de dicho organismo, el cual asignó al Estado Mayor Conjunto responsabilidades en la planificación posterior de la alternativa militar.
Los errores sucesivos en el curso normal del planeamiento nacional y militar no pueden soslayarse. A ellos se sumó el ocurrido el 9 de marzo de 1982, cuando la Junta Militar decidió que el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMC), en su carácter de secretario del Comité Militar, cumpliera las funciones de coordinador entre lo militar y lo nacional para el caso Malvinas. El JEMC no debería haber cumplido los roles de secretario ni de coordinador, ya que su función básica y fundamental era planear la estrategia militar de la guerra (Frecha, Espacio de Eduardo Frecha, 2013). 
El 16 de marzo, en la reunión del Comité Militar, al JEMC le aprobaron el plan de trabajo, que disponía la elaboración de los siguientes documentos:
1. La ampliación de la DENAC 1/82, ante una eventual respuesta militar de Gran Bretaña y la probable injerencia de Chile en la crisis (este punto excedía el nivel del EMC).
2. La elaboración de una Directiva Estratégica Militar reducida (DEMIL), incorporando la situación planteada en la DENAC. Según Frecha, una DEMIL reducida sirve para iniciar el planeamiento en niveles inferiores, pero carece de sentido común para ir a la guerra con bases de planeamiento insuficientes (Frecha, Espacio de Eduardo Frecha, 2013).
3. La confección de un Plan Esquemático de Campaña adecuado a la DEMIL reducida, el cual debía ser realizado por un escalón inferior.
Hacia finales de marzo se evaluarían los avances en la elaboración de los documentos ordenados y se amplió la participación del Subjefe del Estado Mayor Conjunto y de las jefaturas en el planeamiento pertinente. 
Finalmente, el EMC no completó la planificación debido a la crisis de las Georgias, lo que derivó en la orden de la Junta Militar del 26 de marzo. Los documentos en los que intervino el EMC fueron: 
1. DENAC Nº 2/82 (completamiento de la DENAC 1/82).
2. DEMIL Nº 1/82 (reducida).
3. Directiva Nº 1/82 del COMIL.
Por lo expuesto, el EMC no logró confeccionar el Plan de Campaña Esquemático derivado de la DEMIL 1/82, debido al adelantamiento de los plazos previstos para llevar a cabo las operaciones militares. El factor tiempo fue un elemento crucial en la carencia de los planes correspondientes.

Las premisas y los supuestos erróneos
En cuanto a los supuestos aceptados para la planificación de la recuperación de las islas del Atlántico Sur, se llevaron a cabo algunos que, según el ex oficial de inteligencia británico Hugh Bicheno, responden a que las operaciones militares suelen conducirse sobre la base de evaluaciones subjetivas de la moral del enemigo (Bicheno, 2006). El almirante Anaya, miembro de la Junta, había sido agregado militar en Londres en el período 1975-1976 y estimaba que los británicos habían perdido su voluntad de combate y que la fortaleza moral que ostentaban en el pasado ya no existía. Los antecedentes de los últimos años de Gran Bretaña en relación con la Argentina o con los miembros de organizaciones armadas en Irlanda del Norte garantizaban, según su visión, que los británicos no responderían a una agresión armada y se limitarían a protestar diplomáticamente. Como antecedente, a principios de 1977 la Argentina instaló una base militar en el islote Morrell, en las islas Sándwich del Sur, y los británicos rogaron que el hecho no tomara estado público (paradójicamente, en ese mismo islote se desarrolló el último enfrentamiento de la campaña militar británica en el Atlántico Sur el 17 de junio de 1982). 
Rosendo Fraga repasa reflexivamente las premisas mal evaluadas sobre la evolución del conflicto que tenía el gobierno argentino:
“La primera premisa política errónea era que los EE. UU. no iban a apoyar a Gran Bretaña en este conflicto. La segunda premisa política errónea, ya vinculada directamente a lo militar, era que Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente. La tercera premisa errónea era que el despliegue militar británico era una operación de acción psicológica porque los británicos no iban a combatir. Incluso cuando se mandan tropas a las islas, surge toda la discusión de por qué se envían conscriptos con tan poca instrucción: era porque se pensaba finalmente que no se iba a combatir. La guerra como tal nunca fue planificada; en consecuencia, lo que hubo fue claramente una improvisación desde el punto de vista militar” (Guerra en el Atlántico Sur, 1999). 

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AUTOR

Juan Ignacio Garasino

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